Joaquín Morales Solá
Para
LA NACION Viernes 21 de noviembre de 2008 Publicado en edición impresa
El Gobierno consiguió ayer una importante victoria parlamentaria para dirigirse hacia una segura derrota política. Con la definitiva estatización de los fondos privados de pensión, la Argentina, en efecto, se despidió del mundo por mucho tiempo porque rompió cualquier noción de reglas del juego previsibles y desconoció el derecho a la propiedad.
La estatización fue promovida, en principio, para escapar del default de la deuda pública, que tendrá vencimientos importantes en los próximos dos años, pero los bonos argentinos se derrumbaron en los mercados internacionales desde que se produjo ese anuncio.
¿Cómo se explica esa contradicción? En primer lugar, una notable suspicacia financiera se produjo por una estatización asestada como un ultimátum. La sospecha se expandió luego y puso en duda la solvencia real de las cuentas públicas. Por otro lado, también se concluyó que un gobierno capaz de apropiarse de los ahorros que acumularon millones de argentinos durante 14 años está en condiciones políticas e ideológicas de desconocer otra vez sus deudas. En verdad, la administración de los Kirchner quiso juntar recursos a salto de mata para financiar la deuda y promover un masivo plan de obras públicas al mismo tiempo.
Néstor Kirchner, verdadero autor intelectual de la estatización, nunca evolucionó de su primera experiencia política en la intendencia de Río Gallegos. Y, para un intendente, las elecciones se ganan a golpe de obras públicas. Así, imaginó fondos que no existen, porque un porcentaje significativo de los 30.000 millones de dólares en poder de las AFJP -un 45 por ciento- ya había sido gastado por el Estado a través de préstamos compulsivos de los fondos de pensión.
Empresas privadas que tenían parte de sus acciones en las AFJP temen ahora otro ultimátum del Gobierno: o recompran esas acciones a buen precio o el Gobierno se sentará en sus directorios. El proyecto existe, ha recorrido ya algunos despachos oficiales y frecuentó las reflexiones de Olivos. Sea como fuere, lo cierto es que otra parte importante de los fondos de pensión se encuentra en paquetes accionarios de empresas privadas y no es dinero contante y sonante.
A fin de cuentas, casi lo único que le quedará al Gobierno es el flujo mensual de los aportes jubilatorios, aunque deberá hacerse cargo también de las jubilaciones (o parte de ellas) que estaban a cargo de los fondos privados. ¿Valía la pena semejante hemorragia de confianza internacional para conseguir sólo eso?
Un lote tan escaso de recursos ¿valía aun a costa de que el país fuera expulsado por tiempos muy largos de los mercados internacionales y cuando deberá enfrentar solo los efectos locales de la crisis internacional y de los zafarranchos argentinos? Las cosas no venían bien para la Argentina por los efectos del conflicto económico internacional, pero ahora todos los pronósticos no han hecho más que empeorar. Esa es la derrota que aguarda a los Kirchner cuando se aproxima un año electoral.
Un dato no menor de la estatización del sistema de jubilaciones es que exhibió el sistema de toma de decisión del último y actual kirchnerismo. Aquellas ponderaciones no se hicieron porque ningún funcionario importante del Gobierno fue consultado antes. No lo fueron el jefe de Gabinete ni el ministro de Economía ni su colega de Trabajo. Fue una decisión de sobremesa del matrimonio presidencial ejecutada por el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. Una decisión con los métodos propios de un sistema autoritario fue respaldada, sin embargo, por importantes mayorías parlamentarias.
La explicación puede estar en la escasa o nula capacidad de defenderse de los propios fondos privados de jubilación, que ni siquiera supieron aprovechar la única oportunidad en que las centrales empresarias se manifestaron claramente en contra de una resolución del Gobierno. Ingenuamente, las AFJP creyeron siempre que se trataba sólo de "una iniciativa del Gobierno" que encontraría sus límites en el Congreso. Imaginaron, en definitiva, que pasaría con los fondos de pensión lo mismo que había sucedido con la resolución 125 sobre las retenciones a productos agropecuarios. La historia no siempre se repite.
Otra explicación podría encontrarse en la confusión ideológica que aqueja a gran parte de la dirigencia política, que sigue viendo en el Estado al salvador final de la equidad social. De nada valen, en tal caso, los antecedentes de un Estado que se fagocitó los fondos jubilatorios desde el primer Perón, aunque luego ningún otro gobierno, ya sea radical o militar, pudo evitar la tentación de usar y abusar de los recursos de los futuros viejos.
Esa confusión ideológica explica que no se haya respetado la opinión explícita del 80 por ciento de los aportantes al sistema de jubilaciones, que hace un año decidió quedarse en el régimen privado.
La ideología prevaleció, en síntesis, sobre la voluntad mayoritaria de la gente común. Tal confusión dilucida al mismo tiempo por qué un cambio tan profundo del sistema mereció sólo un mes de debate en el Congreso, cuando el viejo cambio, el del estatal al privado hace 14 años, llevó 13 meses de largas discusiones parlamentarias.
Los Kirchner se han radicalizado al ritmo de las malas noticias. En esta misma semana, sus legisladores anunciaron que meterán mano en las acciones de Aerolíneas Argentinas, que es una empresa totalmente privada según todas las reglas de la ley argentina. Será expropiada.
El Senado concluyó anoche la estatización de los fondos de pensión, que no son propiedad privada de las AFJP, sino de millones de argentinos que colocaron ahí sus ahorros para anticipar los preparativos de la vejez. Caerán ahora en poder del hombre fuerte del Gobierno, Néstor Kirchner, y de sus necesidades electorales. Nadie se da esos gustos sin pagar el precio de una derrota inevitable.
